Por Verónika Mendoza.
En
el balance de este primer año de gobierno hay un consenso casi general
en señalar –algunos con alivio, otros con gran decepción- el alejamiento
progresivo de los compromisos políticos y programáticos de la Gran
Transformación y de sus bases sociales. Muchos señalan que esto era de
esperarse puesto que este gobierno fue elegido con la Hoja de ruta, pero
cabe precisar que ésta no contradice el programa de la Gran
Transformación, sino que prioriza y puntualiza algunos aspectos y es,
principalmente, un compromiso con la democracia cuyo fundamento está en
el respeto de los derechos fundamentales, precisamente aquellos que han
sido gravemente vulnerados en los últimos conflictos sociales. Algunos
pretenden plantear el tema de los conflictos sociales como un tema
aislado, pretenden que todo va sobre ruedas excepto por ese “detalle”.
Más bien los conflictos
sociales y su pésimo manejo por parte del gobierno son síntomas de una
débil institucionalidad y de los límites de cierto modelo de desarrollo.
Un modelo de desarrollo centralista, que se impone con el chantaje o la
represión, que no se dialoga ni se construye participativamente, que
promueve la concentración de la propiedad y el poder, que no promueve ni
articula mercados locales, que exige resultados inmediatos y en el que
no se asume un compromiso ético con las generaciones futuras.
En
lugar de cuestionar y transformar este modelo de desarrollo el gobierno
se ha empecinado en mantenerlo tal cual, aunque para ello haya
requerido poner “mano dura”. Y para justificar esa decisión ha adoptado
la vieja teoría de la conspiración “roja” desestabilizadora del
gobierno. Según esta teoría, si ayer los culpables de todo fueron los
humalistas financiados por Chávez, hoy son los antimineros financiados
por ONGs ambientalistas. Pero algo falla en esa teoría porque nos dicen
que esos antimineros son un grupo minúsculo pero no nos explican cómo
logran movilizar a decenas de miles de personas supuestamente con
engaños. ¿Pretenden acaso que la gente que protesta no tiene raciocinio
propio? En esa teoría hay un trasfondo discriminatorio, el mismo según
el cual algunas vidas valen más que otras, algunas muertes merecen
ser investigadas antes que otras.
El
gobierno ha preferido contar ese cuento de la conspiración antes que
abordar los problemas de fondo y enrumbar transformaciones mayores que,
en el balance del primer año de gestión, han estado ausentes o son
deficitarias. Hablemos tan solo de algunas de éstas: institucionalidad
ambiental, descentralización, ordenamiento territorial, consulta previa.
La
débil institucionalidad ambiental se ha visto reflejada en los
conflictos socioambientales que constituyen más del 70% de los
conflictos sociales vigentes. Urgen cambios para darle credibilidad, por
ejemplo, la transferencia de la función de aprobación de los estudios
de impacto ambiental desde los sectores que promueven la inversión al
Ministerio del ambiente, el fortalecimiento de la fiscalización
ambiental, la transparencia y la participación en los mecanismos de
monitoreo y vigilancia ambiental. Hasta ahora no se ha promovido
reformas que vayan en ese sentido, aunque recientemente se ha
constituido una comisión multisectorial para fortalecer la
institucionalidad ambiental que esperemos tenga pronto anuncios
positivos.
Otra
de las grandes reformas estancadas es la de la descentralización. Si
bien se ha seguido el proceso de transferencia de funciones a los
gobiernos regionales, en la práctica se ha limitado a lo meramente
administrativo. Está pendiente un proceso de descentralización fiscal y
de flexibilización del SNIP. No se ha avanzado en el proceso de
ordenamiento territorial con y desde las regiones. Y encima se está
instalando un discurso que apunta a la recentralización con propuestas
que pretenden recortar las funciones y capacidades de los gobiernos
regionales y locales, y disminuir su legitimidad política. Pero lo más
grave es que se ha optado por prácticas amedrentadoras contra
autoridades locales o regionales que han asumido posiciones discrepantes
con el gobierno central: recordemos que el MEF mantuvo bloqueadas las
cuentas de la
Municipalidad provincial de Espinar durante más de 40 días y esto
incluso después de iniciado el proceso de diálogo, y que las
desbloquearon diciendo que la Municipalidad recién había dado muestras
de que iba a manejar bien sus fondos. Un discurso paternalista además de
centralista.
En
lugar de impulsar procesos de ordenamiento territorial y de
diversificación de la economía se ha fortalecido un fundamentalismo
extractivista expresado en clichés como “sin minería no hay desarrollo”,
y aquellos que presentan una legítima preocupación por problemas de
contaminación por efectos de actividades extractivas son tildados de
“enemigos del desarrollo”.
En
cuanto a la relación entre pueblos indígenas y Estado, después del
impulso inicial con la aprobación de la ley de consulta previa, hemos
visto un reglamento restrictivo en cuanto a derechos de los PI y no
vemos una voluntad política clara de consultar previamente en temas que
tienen que ver con los territorios de los PI y los recursos naturales
que se encuentran en éstos.
Entonces,
¿de qué desarrollo hablamos si se sigue decidiendo desde la capital sin
consultar ni a los PI ni a las poblaciones locales ni a sus autoridades
qué va a pasar con sus territorios? ¿De qué desarrollo hablamos si
aquellos que proponen alternativas de desarrollo diferentes al
extractivismo, como complementarias de éste, son tildados de
extremistas? ¿De qué desarrollo hablamos si nuestra diversidad cultural
es reconocida solamente como atracción turística? ¿De qué desarrollo
hablamos si éste no se construye participativamente sino que se impone
con “mano dura”?
¿Ese
es el desarrollo que queremos? Necesitamos espacios discursivos y de
acción que promuevan esa discusión. Necesitamos un discurso de país, un
proyecto nacional, un horizonte, y para eso no bastan técnicos, hacen
falta políticos. Hace falta un gabinete más político, más dialogante.
Pero hace falta también una verdadera oposición democrática,
responsable, constructiva, que plantee esa discusión desde la
perspectiva de los sectores populares y progresistas, desde la
izquierda. Sí, la izquierda, un espacio de articulación política y
social en el que se construyan contrapesos a la actual hegemonía de la
política de “mano dura” representada por el gobierno y sus nuevos
aliados. Esa articulación debería estar expresada también en el
Congreso, claramente visibilizada y con una identidad política clara. La
pluralidad es lo
propio de la democracia.
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